Las aguas de Chile están siendo apropiadas y contaminadas por un reducido grupo de empresarios con fuertes vinculaciones políticas. Aunque el problema es generalizado, dos informes emanados por la DGA lo han evidenciado. Incluso, la Cámara de Diputados realizó el miércoles 20 de abril una sesión plenaria para tratar -por primera vez- el grave problema de sequía y acaparamiento de aguas.
En febrero pasado la Dirección General de Aguas (DGA) –que depende del Ministerio de Obras Públicas- emitió los informes N°48 (23 de febrero de 2011) y el N°49 (28 de febrero), ambos firmados por la ingeniero María Inés Cartes. En estos se implicaba a destacados políticos, entre ellos al ex ministro de Interior de Michelle Bachelet, el democratacristiano Edmundo Pérez Yoma, en la usurpación de agua a campesinos de la Provincia de Petorca (Región de Valparaíso).
Cartes –junto a su equipo- pudo verificar en terreno una captación ilegal de aguas en el estero Los Ángeles, junto al predio El Cóndor, propiedad de Edmundo Pérez Yoma. Las aguas van a dar a grandes depósitos, al interior de su propiedad. Además, la DGA constató el cauce del estero Los Ángeles fue modificado con el fin de plantar árboles frutales.
En su informe N°48, la dependencia afirmó que en el fundo Los Graneros, propiedad del cuñado de Pérez Yoma, Osvaldo Jünemann, hay “vestigios de la construcción de un posible dren en el cauce del río La Ligua”. La DGA cita, además, las declaraciones de agricultores que denuncian que este dren alimentaría a 42 pozos y nueve embalses, “los que serían abastecidos mediante cañerías que conducen el agua hacia los cerros de propiedad de la misma agrícola”.
La DGA señala que sobre el estero Alicahue pudo observar un pozo y un dren alimentador que no contaban con autorización. La obra fue hecha por agrícola Liguana, de propiedad del ex intendente de la Región Metropolitana bajo el mandato de Ricardo Lagos, Marcelo Trivelli. Asimismo, en el informe de la DGA del 28 de febrero (N°49), se denuncia que el actual diputado democratacristiano Eduardo Cerda estaría captando aguas subterráneas por medio de un dren que conduciría aguas hacia un predio de su propiedad.
Los caudales de los ríos Ligua y Petorca han desaparecido. Lo mismo ocurre con las napas subterráneas de sus cuencas que están agotadas. La escasez de agua perjudica, en el caso de Petorca, a 7 mil agricultores y unas 40 mil personas. En decenas de localidades y caseríos, la única fuente de abastecimiento de agua son los camiones aljibes que dos veces al mes pasan a dejar el agua.
El presidente Sebastián Piñera decretó el 9 de febrero “estado de emergencia agrícola”, por sequía, en siete comunas de la Región de Valparaíso. Cinco de ellas pertenecen a la provincia de Petorca: La Ligua, Cabildo, Papudo, Petorca y Zapallar. Las otras dos comunas son Nogales y Putaendo.
Al anunciar el estado de emergencia, Piñera aseguró que la sequía se debe al fenómeno climatológico de “La Niña”. No mencionó el despojo del agua. Para atacar el problema, dispuso la entrega de 1.366 millones de pesos que se destinarían a pequeñas obras de riego, abastecimiento de agua, alimentación para el ganado y planes de empleo en el sector agrícola.
Hay que tener presente que en La Ligua, Cabildo y Petorca, se destina el 90% de la superficie cultivada a la producción de paltas. En el 40% de la superficie cultivada los suelos no tienen aptitud de cultivo, fundamentalmente laderas de cerros. La puesta en marcha de actividad productiva en estos lugares supone la extracción y traslado de ingentes cantidades de agua. Parte de ellas se está obteniendo por medios ilícitos como los enunciados. Y otra, al amparo de la institucionalidad vigente (Código de Aguas) que ha otorgado a la DGA, la atribución de entregar derechos de agua a grandes empresarios y despojar a los campesinos y a los ecosistemas.
La Dirección General de Aguas ha seguido entregando derechos de agua, después que ella misma declarara, en 2004, agotados los ríos Ligua y Petorca.
La participación de políticos en la usurpación de aguas no es un hecho privativo de Petorca. El 29 de marzo pasado, Televisión Nacional (TVN) dio a conocer, por medio de un reportaje, que el diputado derechista de Chillán, Rosauro Martínez, construyó ilegalmente un tranque en un fundo de su propiedad en el que acumula inmensas cantidades de agua, situación que contrasta con la sequía que afecta a esta zona del país. La denuncia también estaba respaldada en un informe de la DGA.
Por otro lado, en el norte de Chile, la situación de ausencia de agua, es extremadamente grave. Esta zona desértica contiene el 38% de las reservas mundiales de cobre, mineral que necesita mucha agua para ser producido. La mayor parte de los ríos de esta macroregión ya han desaparecido. En este momento las empresas mineras estudian la posibilidad de trasladar desde el sur de Chile, por medio de tuberías, agua para hacer posible la gran expansión minera privada.
Según un informe (2007) de la consultora canadiense Golder Associates, al ritmo actual de consumo, el agua desaparecerá del valle de Copiapó (capital de la Región de Atacama) en 2012. De hecho, el río Copiapó ya se secó. Igual suerte han corrido casi un centenar de ríos en el norte chileno.
En marzo pasado, Antofagasta se quedó más de dos semanas sin agua por fallas de la empresa Aguas Antofagasta, que realiza desalinización de agua de mar para proveer de vital elemento a la ciudad.
LA LUCHA POR EL AGUA
La escasez de agua en Petorca, que se ha hecho crítica desde hace un lustro, ha provocado que más del 60% de producción de los pequeños agricultores de a zona, fundamentalmente de paltos, se haya perdido. Como reacción a esto, los habitantes de los valles del río Petorca y la Ligua dieron forma, en enero de este año, al Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima), entidad que ha coordinado sus protestas.
Acogiendo sus reclamos, 41 diputados, liderados por el opositor René Alinco (Partido Progresista), convocaron a una sesión especial de la Cámara de Diputados que se realizó el 20 de abril. Su objetivo: Tratar “la eventual usurpación de aguas” de la que estarían siendo víctimas campesinos de esa provincia.
La sesión especial se realizó con las tribunas llenas de afligidos campesinos. Ellos viajaron al Congreso Nacional no sólo para pedir que los ayudaran en su lucha para poner fin al robo de sus aguas. Ellos exigían también la derogación del Código de Aguas, norma implementada en 1981 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que en lo sustancial ha significado la entrega en forma gratuita de los derechos de agua a grandes grupos económicos que especulan con ella.
Llamó la atención el amplio consenso evidenciado entre los diputados, tanto de la oficialista Coalición por el Cambio (CC), como entre las diversas facciones de la oposición (Concertación por la Democracia, Partido Comunista, Partido Progresista, Partido Regionalista de los Independientes). En su gran mayoría, los diputados se manifestaron en favor de que las aguas vuelvan a ser un bien nacional de uso público no susceptible de ser privatizado. Y hubo acuerdo en la necesidad de castigar a los responsables del robo de aguas, “caiga quien caiga”, como señaló el parlamentario de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por la Región de O’Higgins, Ramón Barros.
Otro punto que llamó la atención, es la solicitud hecha por los diputados de revocar los derechos de agua concedidos en forma irregular, no sólo en Petorca, sino que en todo Chile, como expresó el diputado del Partido Radical, José Pérez, quien fue ovacionado al plantear que “hoy tenemos que pensar una nueva legislación que nacionalice el agua, que pertenece a todos los chilenos”.
Sólo el diputado democratacristiano, Jorge Burgos, se mostró contrariado porque se haya citado a esta sesión plenaria, mostrándose reacio a cualquier cambio en materia de uso de las aguas. Dijo que el Congreso no puede reemplazar la función de los tribunales, lo que según él estaría haciendo al discutir la “usurpación” de aguas. Acusó al actual Gobierno, en la personas del Gobernador de Petorca, de realizar una persecución política contra los acusados de usurpación.
Fueron varios los diputados que sostuvieron que, en las zonas que ellos representan, están ocurriendo situaciones tan dramáticas como la que se vive en Petorca. La diputada del PPD por Choapa, Adriana Muñoz, sostuvo que en el valle del Quilimarí “se vive una gran sequía y, sin embargo, han aparecido empresarios de Santiago, con permisos de agua fantasmas, que han convertido sus tierras recién adquiridas en verdaderos vergeles”. Muñoz acusó también a la minería de explotar los yacimientos, contaminar las aguas, y luego retirarse dejando una huella de miseria.
El diputado socialista por Valdivia, Alfonso de Urresti, sostuvo que en su zona, otrora caracterizada por tener una gran abundancia de agua, “hoy estamos con sequía”. Responsabilizó de esto al modelo forestal, y a la apropiación de las aguas de Chile, que realizarían empresas hidroeléctricas.
El diputado Fuad Chahín (PDC), a su vez, dijo que “es momento que en Chile se defina si el agua está al servicio de las personas o si está al servicio del capital”.
Luego de los debates, la Cámara de Diputados aprobó –por 69 votos contra uno- el proyecto de acuerdo N°319 por el que solicita al ejecutivo revocar los derechos de agua que se han entregado en cuencas declaradas agotadas. También le solicita al Ministerio del Interior que se querelle contra quienes resulten responsables de la usurpación de aguas en la provincia de Petorca. Los parlamentarios también solicitaron al Presidente Piñera que revise la institucionalidad relacionada con el otorgamiento de derechos de agua y proponga al Parlamento un proyecto de ley que democratice el acceso al agua. Al finalizar la sesión, los campesinos aplaudieron y muchos se abrazaron emocionados.
El secretario de Modatima, Luis Soto, definió como “un triunfo” lo alcanzado, señalando que éste será recordado como un día “histórico” en el proceso de recuperación de las aguas.
René Alinco –quien representa la austral Región de Aysén- expresó a la salida de la sesión que “este es el primer paso para que el uso de las aguas dulces sean en beneficio de todos los chilenos”. Alinco espera que estas peticiones sean asumidas por el ejecutivo y se concreten. El parlamentario dijo que en conjunto con los dirigentes de Modatima, presentarán una querella por el robo de aguas.
El diputado Alinco anunció también la creación de una comisión investigadora -en la Cámara de Diputados- que se abocará a indagar las irregularidades detectadas en el uso del agua en todo el país.
RECUADRO
Privatización del agua
Las aguas dulces fueron privatizadas en Chile a partir de la promulgación –bajo dictadura- de la Constitución Política de 1980. Esta sostiene, en su artículo 24°, que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Un año más tarde, se formuló el Código de Aguas. Es importante señalar que la mayor parte de los derechos de agua se han entregado gratuitamente y a perpetuidad, a grandes grupos económicos mineros, energéticos, agrícolas y forestales.
Según sostuvo el ingeniero agrónomo, Rodrigo Mundaca, en su artículo ‘La situación de las aguas en Chile’, “el código de aguas creó dos categorías de derechos de uso de las aguas: Consuntivas y no consuntivas. la diferencia entre ambas categorías radica en la obligatoriedad de devolver o no las aguas a los ríos, en el caso de los derechos de agua consuntivos, aguas que se utilizan en la minería y la agricultura, más del 90% de esos derechos se encuentran en manos del sector exportador, en el caso de los derechos no consuntivos, es decir aquellos derechos que se utilizan para la generación de electricidad, el 85% de esos derechos se encuentran en manos de Endesa España”.
Los gobiernos de la Concertación por la Democracia (1990-2010) continuaron con las políticas privatizadoras comenzadas bajo el Gobierno de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue así como Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006)- enajenaron gran parte de la propiedad de las empresas sanitarias, que son las responsables de la provisión de agua potable.
El actual Gobierno de Piñera, según sus acciones, pretende completar esta tarea, lo que dejaría al Estado sin control de la provisión de agua potable domiciliaria.
Por Francisco Marín
El Ciudadano
