Aquí están, ellos son
Son cuatro grupos financieros que tienen acceso al 90% de lo que se pesca en el país. Y con la nueva ley de pesca, les quieren dar las concesiones sin límite de tiempo y hasta hereditarias. La situación afecta a 190 mil familias de pescadores artesanales y trabajadores del sector, así como limita los beneficios y la soberanía alimentaria de millones de chilenas y chilenos que ven mermado su derecho a gozar de lo que da el mar de todos.
Cuatro poderosos grupos económicos, en manos de no más de siete familias multimillonarias, con intereses financieros extranjeros, controlan hoy el mar chileno y la pesca del país, y con el gobierno de Sebastián Piñera podría aumentar su poder sobre esa riqueza que debería beneficiar a todos los habitantes de Chile.
Con Piñera, se avanza hacia la privatización profunda y la trasnacionalización de la pesca, a lo que se sumará el litio, mineral estratégico que ni Augusto Pinochet quiso sacar de manos del Estado.
La tramitación en el Congreso de la llamada Ley Longueira o ‘Ley Maldita’ como la identifican los pescadores artesanales, dejó en evidencia el control que poderosos grupos financieros tienen no sólo sobre la explotación de las zonas marítimas, sino también sobre los medios de comunicación, los partidos políticos y de paso, de la “bancada pesquera” que fue la que finalmente dio luz verde al proyecto oficialista pese a la oposición de los pescadores artesanales y de sectores políticos y sociales.
La industria pesquera busca mantener, a través de la Ley de Pesca, sus privilegios monopólicos apelando a un supuesto derecho histórico que tendrían por haber invertido en el sector durante 50 años. Así lo manifestó el director Ejecutivo de la ONG Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, respecto de los cuatro grupos económicos que controlan la industria y que representan a las siete familias más poderosas del país que pretenden seguir apropiándose del mar de todas y todos los chilenos.
¿Quiénes son los denominados dueños del mar chileno? ¿Cómo es posible que tengan tanta incidencia en la economía, en los políticos y parlamentarios, en la prensa tradicional y en otros sectores? Conociendo quiénes son, se puede tener una idea de los poderes e influencias que están en juego en torno de la actividad pesquera en Chile.
Se trata de grandes consorcios que controlan cerca del 90 por ciento de las cuotas globales de pesca y que encabeza la Pesquera Orizon, que surge en noviembre de 2010 de la fusión de SouthPacific Korp (SPK) del Grupo Angelini y pesquera San José, de la familia Lecaros, que controlan el 80 por ciento de la pesca de jurel y sardinas del norte del país.
El segundo grupo es Blumar, surgido de la unión de la empresa Itata de la Región del Bío Bío, de la familia Sarquis, con la empresa El Golfo, del grupo Yaconi-Santa Cruz. Este conglomerado extrae sobre el 20 por ciento de cuota industrial de jurel, el 26% de la cuota de sardina común, el 31 por ciento de merluza común y 20 por ciento de merluza de cola.
En enero de 2011, comienza la fusión de la empresa Camanchaca, de Jorge Fernández y Francisco Cifuentes con la pesquera Bío Bío de la familia Stengel, que controla el 30 por ciento de las acciones, dando origen a Camanchaca Pesca Sur, que tiene cerca del 18 por ciento de la cuota anual de jurel.
También en la Región del Bío Bío opera el cuarto conglomerado, Marfood, que surge de la mano de Alimentos Marinos S.A., Alimar, que pertenece a la familia Izquierdo y al grupo noruego FoodCorp, que controlan más del 22 por ciento de las cuotas de jurel.
Surgida en los años 50, Alimar es considerada una de las empresas más antiguas del rubro y es la matriz de las inversiones pesqueras del grupo económico que encabeza Roberto Izquierdo Menéndez y que, además, tiene intereses forestales, eléctricos e inmobiliarios.
Según Ciper Chile, en 1983 “Alimar y Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (Sopesa) -también del grupo Izquierdo Menéndez- se fusionaron bajo el nombre de Pesquera Sopesa-Alimar S.A. A los dos años, la nueva empresa se asoció con Pesquera San Vicente Ltda. (del mismo grupo) para formar la empresa Forestal Quilpolemu S.A. y para adueñarse en 1986 de Sociedad Pesquera Coquimbo Dos Ltda. En 1989, cuando Sopesa-Alimar volvió a llamarse Alimentos Marinos S.A. y su capital ya superaba los $3.615millones, se dividió en tres sociedades distintas. Su capital se redujo casi en un 50%, pero un año después ya superaba los $4.124 millones”.
En el trabajo se agrega que en los años ’90 se dio origen a “otras siete sociedades: cuatro junto a las demás empresas de los Izquierdo y tres con otras compañías. En 1997, la empresa volvió a fraccionarse, dando origen a Inmobiliaria Estoril S.A. y quedando con un capital por sobre los $5.515 millones”.
Estos grupos Orizon, Blumar, Camanchaca y Marfood, pertenecen a las siete familias más poderosas del país: Angelini, Cifuentes, Santa Cruz, Izquierdo, Jiménez, Sarquis y Stengel, con fuerte influencia política y obtienen ganancias por cerca de tres mil millones de dólares anuales libres de impuestos.
GOLPE A LA SOBERANÍA
Para el director Ejecutivo de la ONG Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, existió una acción concertada de estos grupos contra el antiguo proyecto de Ley de Pesca que había propuesto el Presidente Sebastián Piñera a través del ex ministro Juan Andrés Fontaine y que contemplaba dejar el 50 por ciento de las cuotas de pesca del país para la licitación, permitiendo el ingreso de nuevas empresas al mercado y por tanto, mayores ingresos para el Estado.
“Estos cuatro grandes conglomerados dan un golpe político contra Fontaine, colocan a Longueira y elaboran un proyecto de ley que apunta a la entrega gratuita y a perpetuidad de las cuotas de pesca del país para estas siete familias, que por lo demás mantienen fuertes vínculos con sectores políticos de la Alianza y la Concertación, como quedó demostrado con la votación del proyecto en la Cámara de Diputados el miércoles 18 de julio pasado”, sostiene Cárdenas.
Estos grupos, agrega el dirigente ambientalista, “buscan mantener sus privilegios monopólicos y rentistas, apelando a un supuesto derecho histórico que tendrían estas compañías por haber invertido, y diría depredado, durante 50 años, y lo hacen a través de cuotas individuales transferibles de pesca de carácter perpetuo, plenamente transables, incluso heredables”. En palabras simples, se trata del despojo del patrimonio nacional, que hipoteca el futuro de las generaciones actuales y venideras.
El hecho de que estos grupos consideren que tienen un derecho histórico, responde a que ello fue reconocido en la Ley Corta de Pesca impulsada por el gobierno de Ricardo Lagos en 2002 y que les garantizó por 10 años los recursos pesqueros del país. Ahora quieren protección y seguridad jurídica a perpetuidad, situación que fue rechazada en su momento por los pescadores artesanales, las comunidades costeras y las ONGs que se oponen a la privatización de los recursos naturales.
Durante la última década, los gobiernos de la Concertación cooptaron a organizaciones de pescadores, provocando un quiebre entre los distintos sectores que integraban la Conapach, cuya dirigencia finalmente aceptó el plan del ministro Pablo Longueira que traspasó un porcentaje de cuotas de pesca desde la industria hacia los propietarios de lanchas pesqueras artesanales por 34 millones de dólares, a cambio de apoyar la llamada Ley Longueira.
A juicio de Cárdenas, con el proyecto en trámite, el gobierno de Piñera reactiva la antigua ley elaborada en dictadura. “Lo que está haciendo Longueira es finalizar una de las últimas transformaciones neoliberales de la economía, que es la privatización del mar, sus recursos y el borde costero y en esto (…) los partidos políticos y el Congreso, se articulan en torno a los intereses de estas siete familias, que representan al sector más retardatario de la sociedad. Una vez que tengan la concesión a perpetuidad no van a dudar en vender los productos a las transnacionales”, precisa Cárdenas.
Sostiene que la presión y el lobby de estos grupos económicos permitió sacar del proyecto el artículo que señalaba que el Estado era el dueño de los recursos pesqueros del país y los podía entregar por concesión por período de tiempo definido, con lo que no se generaba ningún derecho de propiedad para los usuarios.
En definitiva, lo que está en curso es una especie de legalización de la privatización y explotación de consorcios del mar chileno, con lo cual todas y todos los chilenos y principalmente más de 120 mil familias de pescadores artesanales y trabajadores de la pesca, se verán afectados al perder los beneficios que entrega el mar y la actividad de la pesca.
Con el gobierno de Sebastián Piñera se avanzará en la privatización y trasnacionalización del mar y la pesca y del litio, riquezas naturales del país, cuyos beneficios llegarán muy mermados a los ciudadanos chilenos, lo que incluye un atentado a la soberanía alimentaria de la gente de este territorio.
PECES TRASNACIONALIZADOS
Con más de cuatro millones de toneladas al año, Chile ocupa el quinto lugar a nivel mundial en captura de peces según la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Sin embargo, el 90 por ciento de los recursos son exportados a países desarrollados y ricos: Japón, Estados Unidos y de la Unión Europea, afirma el director de Ecocéanos.
Esto abre otro punto para atender y está relacionado con las deficiencias en la alimentación de los chilenos. “Casi el 70 por ciento de los menores de siete años tiene problemas de obesidad y el tema de la alimentación en base a recursos del mar es una de las opciones, por lo tanto también es un tema de salud pública y los productos pesqueros son la base de una alimentación sana, por tanto no sólo hay que luchar por ello, sino contra la expropiación de los bienes de la Nación que también pertenecen a las generaciones que aún no han nacido”, puntualiza Cárdenas.
En este marco se dio la extendida y fuerte protesta de los pescadores artesanales y trabajadores del sector, oponiéndose a la “Ley Maldita” de Longueira y a los inmensos privilegios que se le otorgan a los grupos financieros que controlan la industria de la pesca. Organizaciones de los pescadores y de la sociedad civil denunciaron que se va camino a desaparecer la pesca artesanal, golpear a los pequeños y medianos productores pesqueros y a la concentración y privatización de los derechos de acceso y uso de los recursos pesqueros, privilegiando a esos cuatro conglomerados.
Esta es una lucha “contra el exterminio” dijo el dirigente Nelson Estrada, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Pesca, cuando comenzó la rebelión contra la ley del ministro de Economía, Pablo Longueira.
Es poco probable que la nueva ley no se apruebe. Será un duro golpe a cientos de miles de trabajadores de la pesca y también otro paso desgraciado hacia la pérdida de la soberanía y la posesión de territorio y riqueza natural que debiera estar en manos del Estado para beneficio de todas y todos los chilenos.
Recuadro
EL CASO ZALDÍVAR Y EL LOBBY
Fue el año 2002 cuando el economista Marcel Claude denunció al entonces Presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), por sus vínculos con el Grupo Angelini en la tramitación de la Nueva Ley de Pesca que favorecía al conglomerado con más de mil millones de pesos. Era sólo el principio de un largo camino que comenzaron a pavimentar las empresas del rubro para concentrar la totalidad de recursos marítimos que reportan ganancias anuales por tres mil millones de dólares.
Aunque todo terminó con un proceso judicial contra Claude, éste fue absuelto de la querella por el delito de injurias graves con publicidad presentadas por el senador Zaldívar. En realidad, no era más que la certeza de las presiones, el lobby y la acción concertada de las empresas y las ligas parlamentarias y el poder político, para finalmente apoderarse de los pocos recursos naturales sobre los cuales el Estado ha ido perdiendo control y regulación ante el avance de la apropiación de consorcios de las riquezas naturales, incluido el mar chileno.
En aquel tiempo, Marcel Claude declaró: “no dije que fueran todos los parlamentarios, sino específicamente un grupo, los hermanos Zaldívar. La ley está estableciendo que se les van a pasar mil millones de dólares, porque se les va a entregar la propiedad, incluso, se está pidiendo que se entregue -sin que se pague nada- la privatización de los recursos pesqueros”. El proceso siguió su curso y en su resolución el juez Alejandro Madrid consignó la declaración de Anacleto Angelini Fabri que reconocía la relación con Felipe Zaldívar Prado, presidente del holding “Enerva”, accionista de “Corpesca”, con un 40 por ciento aproximadamente y que, efectivamente, “Andrés Zaldívar y su familia tienen acciones en la empresa Eperva, porcentaje que es mínimo, pero declara no haber influido en la tramitación de la Ley de Pesca”, según la resolución del Magistrado, de acuerdo a la versión de El Mostrador.
Por Osciel Moya
Fuente: El Ciudadano
