Contratos ficticios, exploraciones ilegales, riesgo de daño ambiental inminente en la zona y una serie de irregularidades son las mayores preocupaciones que sienten los vecinos del sector sur de Santiago, quienes están en pie de guerra ante la aprobación de un proyecto de extracción del mineral llamado puzolana.
El Ejército de Chile firmó un contrato que le permite recibir $300 pesos por metro cuadrado de escombros que una empresa retira del Cerro Chena, cuando lo normal es que se pague por el servicio. Lo que habría detrás, es una maniobra para pasar por encima de una resolución ambiental que prohíbe la extracción del mineral puzolana.
El Cerro Chena está ubicado frente a la comuna de San Bernardo, en el kilómetro 17 de la carretera 5 Sur, y se encuentra bajo el control de la Escuela de Infantería del Ejército como recinto de entrenamiento. Aledañas a éste, se encuentran las villas España, Mahuida y Reina del Aire, donde viven más de seis mil personas.
También cerca, está el Parque Metropolitano Sur, con 40 hectáreas de rehabilitación ecológica albergando a más de 12.500 especies naturales, que se proyecta convertir en un aporte para la descontaminación de las 14 comunas que componen el sector sur de la capital.
La historia tras el mineral
En el año 2008, la empresa Pukará S.A. presentó un proyecto de extracción de puzolana (mineral no metálico utilizado en la fabricación de cemento) ante la Comisión Regional Metropolitana del Medio Ambiente (Corema), llamado Lacmo 1 a 50, por 15 años, para transformar 400 mil metros cuadrados de la ladera oriente del cerro en un yacimiento extractivo.
Pese a que la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) rechazó el proyecto, basada en el Plano Regulador de la zona que establece el sector como “Área de Rehabilitación Ecológica”, recientemente, el 6 de julio de 2010, el actual director ejecutivo de la institución, Ignacio Toro Labbé, acogió el recurso de reclamación presentado por la empresa y devolvió el proyecto a la Corema para ser estudiado nuevamente.
Sin embargo, existe un decreto del Ministerio de Defensa de noviembre de 2008, cuando el entonces ministro José Goñi denegó la autorización para realizar labores mineras en el Cerro, basándose en el artículo 17 del Código de Minería, que aduce cualquier acción de carácter minero allí como ilegal.
Ante la negativa ambiental, el chanchullo oficial
La empresa Pukará siguió adelante con las solicitudes, pero surge un nuevo antecedente, la Escuela de Infantería de San Bernardo, el día 2 de noviembre de 2009, suscribió un contrato de “Limpieza de Escombros y Emparejamiento de Suelo” con la empresa Transportes Santa Mercedes Limitada, la que por medio del contrato está obligada a retirar los escombros acumulados y todo tipo de material ajeno al recinto. Y en el documento se establece una condición: “La empresa podrá reciclar el material extraído y retirarlo por sus propios medios”, esto supone que la empresa puede utilizar maquinarias e implementos para realizar estas acciones en el sector.
Lo particularmente extraño de este contrato son las condiciones de pago, ya que será la empresa la que cancelará al Ejército $300 por metro cúbico retirado del Cerro Chena y no al revés, por los servicios prestados.
Además, existe otro contrato entre la Escuela de Infantería y el particular Luis Ascencio Morán, dueño de las concesiones de puzolana, por el arriendo y cuidado de las pertenencias (escombros, maquinarias y herramientas) por $4,5 millones mensuales, quien a su vez, tiene vínculos con las empresas Pukará y es él mismo quien creó la empresa Transportes Santa Mercedes Limitada, la que aparece pagándole al Ejército los $300 por metro cuadrado por retirar el material de desecho en el Cerro Chena.
El dato más revelador de la irregularidad es que según el Diario Oficial del día 19 de febrero de 2010, se crea la empresa Santa Esperanza S.A., cuya sociedad está conformada por Transportes Santa Mercedes Limitada y la mencionada Empresa Constructora Pukará S.A. Según lo estipula su escritura pública, el giro de la empresa es “exploración y explotación de una pertenencia minera de sustancias concesibles denominada Lacmo 1 a 50, de una extensión de cincuenta hectáreas, ubicada en sector de Chena, comuna de San Bernardo”. Todo esto sin la autorización y contraviniendo las disposiciones de la autoridad ambiental.
En resumen, tanto la empresa que solicitó ambientalmente la exploración, que actualmente arrienda las pertenencias, como la que tiene un contrato vigente con el Ejército por el que paga a la institución para realizar labores de limpieza de escombros y emparejamiento de terrenos, ahora se asocian para explorar el terreno en cuestión en contra, también, de una negativa vigente del Ministerio de Defensa.
Vecinos del ejército en pie de guerra
Para Marcelo Drago Aguirre, presidente de la Agrupación Maipo Contigo y gestor de estas denuncias, sostiene que el contrato suscrito entre la Escuela de Infantería y la empresa de limpieza y remoción de escombros es ficticio. “Es una pantalla que pretende darle un manto de legalidad a una exploración minera ilegal en una zona de rehabilitación ecológica”.
Según Drago Aguirre, el proyecto de exploración minera es inviable dado que el Plan Regulador Metropolitano estipula claramente que el sector es un área de rehabilitación ecológica y sólo puede ser destinado para estos fines junto al desarrollo de programas de deportes, recreación, culto y cultura, esparcimiento y turismo destinados a zonas de picnic, piscinas y restaurantes.
Además, asegura que el mismo documento sostiene que la exploración de minerales no metálicos para la construcción sólo podrán realizarse en zonas de interés silvoagropecuario mixto, en las comunas de Quilicura, Pudahuel y Maipú.
Sin embargo, ante el avance de las negociaciones entre el Ejército y las empresas aludidas para llevar a cabo el plan de exploración minera, los vecinos de la comuna han decidido formar el Frente de Defensa del Cerro Chena, quienes ya han salido a las calles a recolectar firmas –van tres mil- en contra de los trabajos de extracción de puzolana. Además, están tratando de concertar una reunión con el Ministerio de Educación para posicionar la defensa del Cerro Chena como patrimonio cultural.
Para Henry Rutconsky, uno de los dirigentes del movimiento, el foco de la lucha por la preservación del Cerro ya no está medido fundamentalmente por el aspecto medioambiental, sino que el principal campo de lucha está centrado en su rescate arqueológico. “En los temas de defensa ambiental se tiende a transar en favor de los intereses empresariales, por lo que nuestra lucha va dirigida al aspecto cultural y patrimonial de la zona”.
Este valor al que se refiere tiene relación a que el cerro era una Huaca para la civilización incaica, o sea, un lugar sagrado de veneración y ritualidad. De aquí, según la mitología, habrían nacido las parejas fundadoras de las comunidades andinas tras el diluvio universal, quienes tenían la misión de repoblar la tierra. Actualmente, las escasas comunidades indígenas que viven cerca del sector, realizan el Inti Raymi, la fiesta del sol, ritual sagrado pre hispánico.
El descargo de los involucrados: nadie responde nada
Bajo el rol 1034/2009 aparece en el Sistema de Impacto Ambiental de la Comisión Regional de Medio Ambiente, Corema Metropolitana, el proyecto rechazado de exploración minera Lacmo 1 a 50, el cual constaba de una inversión de 2 mil millones de dólares. Según la resolución el organismo obliga a todos los entes del Estado a denegar cualquier autorización y permisos en razón de su impacto ambiental.
De esta manera, al solicitar información al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) éste responde, en un oficio, que no existe ningún permiso para la empresa Pukará S.A. ni para una exploración en el Cerro Chena.
De igual modo, las empresas aludidas declinaron emitir descargos, limitándose a responder que todo está sujeto a la recalificación que solicitó al proyecto el actual director ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), Ignacio Toro Labbé.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, se buscó la versión del Ejército para solicitar sus declaraciones referentes a las acusaciones y a la especificación de los contratos suscritos entre la institución y privados, junto a la aclaración oficial de la utilización del Cerro Chena; no se pronunciaron hasta la fecha (ver recuadro aparte).
El Ciudadano tuvo acceso a los documentos que confirman estas denuncias -solicitados bajo el amparo de la Ley de Transparencia- el 22 de octubre pasado.
Sin embargo, la Agrupación Maipo Contigo, por intermedio de su presidente, Marcelo Drago Aguirre, el 17 de mayo del 2010 ya habían solicitado al Ejército la aclaración de los hechos, sin obtener respuesta.
“No sabemos qué está haciendo realmente el Ejército ahí y queremos que se levante el velo sobre el Cerro Chena y expliquen por qué no lo están usando para fines militares”.
Otra de las acusaciones que realiza la gente de Maipo Contigo es que los contratos celebrados que tienen relación con el Cerro Chena fueron firmados entre los representantes de la empresa y el director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Coronel Leonardo Martínez Menanteau (en la foto), lo que a su juicio es ilegal. Para esto, también dispusieron una solicitud ante el Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Miguel Fuente Alba para que retire de sus funciones a Martínez Menanteau e instruya las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de éste y otros funcionarios de la institución que participaron de estas irregularidades.
Hasta la fecha, el Ejército no ha respondido a ninguna de las solicitudes, salvo la entrega del contrato de limpieza y retiro de escombros.
Los vecinos no darán pie atrás, afirman, en la negativa a la exploración minera y sólo esperan que tanto la aclaración de parte del Estado Mayor del Ejército, como un nuevo rechazo de parte de la Corema Metropolitana al proyecto, hagan detener las acciones lucrativas en torno al Cerro Chena.
Tras la versión del ejército
Con el fin de contar con la debida contraparte de las acusaciones realizadas en este reportaje, acudimos al Ejército para solicitar entrevista con el Coronel Leonardo Martínez, director de la Escuela de Infantería de San Bernardo en varias oportunidades.
Una vez que tuvimos acceso a los documentos aludidos en este reportaje, haciendo uso de la Ley de Transparencia realizamos una nueva petición formal ante el Coronel Iván González López, Jefe del Departamento de Comunicaciones del Ejército, para obtener la autorización debida para entrevistar al Coronel Martínez.
Se le envió un correo formal solicitando la entrevista el día lunes 25 de octubre y, habiendo llamado en cinco oportunidades a la oficina del Coronel Iván González para consultar sobre la visa de la petición, hasta el cierre de esta edición, pese a no ser negada la solicitud, el Ejército no nos dio el pase para obtener los descargos del Director de la Escuela de Infantería, asentada en Cerro Chena.
Por Claudia Pedreros y Sebastián Fierro
El Ciudadano
