Es un proceso que entra en su fase definitiva y que tuvo desde el comienzo una trama extraña, al que no es ajeno la rara y secreta relación del ex fiscal Alejandro Peña y Rodrigo Hinzpeter, hoy su jefe, Ministro del Interior y principal impulsor de este juicio. Aquí se buscó generar condiciones para hacer creer que el terrorismo imperaba en el país y así ordenar impresionantes medidas represivas, detener por casi un año a personas sin mayores pruebas que una peculiar sospecha de un fiscal y de mantener algo que incluso parlamentarios han llegado a considerar un montaje. Todo avalado por una injusta, peculiar y antidemocrática Ley Antiterrorista heredada de la dictadura pinochetista.
Ahora, el Juez Luis Avilés del Octavo Juzgado de Garantía de Santiagoque ahora cuestiona la investigación contra Cristián Cancino uno de los imputados, porque se pretende usar pruebas que ya fueron utilizadas hace tres años en un juicio anterior, ha encontrado innumerables dificultades y enfrentado situaciones extrañas.
Desde el extravío de pruebas en el Ministerio Público, cientos de otras que debieron ser desechadas, una fiscalía que pretende ahogar a los jueces con más de 530 testigos y más de 7000 pruebas. Pero además con una Fiscalía que ha utilizado los servicios de una empresa privada para la recopilación de antecedentes y hasta una campaña impulsada desde el Ministerio del Interior que busca una condena antes de que el juicio comience. Y también canales de televisión que el mismo día de la detención de los jovenes, ya los calificaba de “celulas terroristas”, situación por la cual Megavisión fue multada por el Consejo Nacional de Televisión.
Es así que de este “sonado” juicio con 15 imputados, esto se ha transformado en otro con 5 de éstos que se encuentran en libertad, 5 bajo arresto domiciliario y sólo 5 que se encuentran detenidos.
En el marco de las situaciones raras, ahora se agrega que dos acusaciones fueron hechas esta mañana al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, por los diputados Sergio Aguiló y Hugo Gutiérrez relacionadas al ex fiscal Alejandro Peña y a su labor en la fiscalía metropolitana sur.
El diputado y miembro de la comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, dijo a La Tercera que son dos los temas que se pusieron a disposición del Ministerio Público para solicitarle una investigación. La primera acusación es a partir de “antecedentes que hemos tenido de manera confidencial que señalan que el ex fiscal Alejandro Peña y el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se reunían de manera cotidiana y permanente en la fiscalía Sur”, explica el diputado PC.
Según el parlamentario, si las reuniones son efectivas, “es un menoscabo a la autonomía con la que tiene que actuar el Ministerio Público”.
“Se produce una ruptura flagrante cuando hay un trabajo coordinado desde antes de que asumiera como integrante del Ministerio del Interior el ex fiscal Peña y eso nos preocupa profundamente”, explica el parlamentario.
Otro punto que se dio a conocer al Fiscal Nacional en la reunión de hoy, es la supuesta destrucción de evidencias en el caso Bombas. “Sabemos que hay pruebas destruidas, pruebas que no están y que eventualmente eran pertinente para el caso en cuestión”, explicó.
Esta denuncia había sido hecha ayer por la mesa de diálogo del caso donde se pretende encontrar a los responsables de una serie de ataques en Santiago desde el 2006.
Según el diputado miembro de la mesa de diálogo en el caso Bombas “eso también le incumbe al ministerio Público cuando son ellos los que tienen que resguardar las pruebas”.
Finalmente, el diputado Hugo Gutiérrez se refirió al supuesto montaje que acusa la defensa en el caso Bombas. “Recién iniciadas las audiencias de pruebas ya hay más de mil pruebas que han sido desacreditadas. En consecuencia, si esto no es un montaje, se parece bastante”, puntualizó.
Fuente: Radio del Mar
