El Gobierno Piñera se propuso resolver por vía administrativa el futuro de la explotación del litio en el país. Lo ofrece a inversionistas privados, prioritariamente extranjeros, a través de un decreto supremo que abre un lapso hasta septiembre para efectuar ofertas. Se intenta así evitar un debate nacional sobre la explotación de los recursos naturales, a partir de un mineral que se dispone en abundancia y teniendo ventajas absolutas para su explotación. Al mismo tiempo deja de lado cualquier trámite parlamentario. Se encuentra desplegando una campaña en el país y fundamentalmente en el extranjero para la presentación de ofertas. Es un atentado que debería provocar un gran rechazo nacional. Más aún teniendo presente las grandes utilidades que se está obteniendo de la explotación de otros recursos naturales, empezando por la gran minería del cobre. En cambio, se requiere crear condiciones para su explotación a partir de un proyecto, que considere un papel protagónico del Estado no solo para incrementar su producción, sino se cree a partir de ello una industria que incorpore valor agregado y que actúe para aportar a resolver los problemas tecnológicos a superar que permitan masificar su consumo.
Piñera promueve entregar el litio a capitales extranjeros
Aprovechando un resquicio del Código Minero, obra de su hermano José, Sebastián Piñera mediante un decreto puso en marcha el proceso anunciado en febrero por el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, denominado Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), para licitar explotaciones de este recurso. Las ofertas pueden presentarse hasta el 12 de septiembre para extraer hasta cien mil toneladas de litio metálico durante un lapso de dos décadas en cualquier área, con excepción de aquellas en que se encuentran otorgadas concesiones mineras. Los favorecidos deberán cancelar el equivalente al 7% de las ventas brutas mensuales de litio efectuadas.
El Código Minero establece en su artículo séptimo que “no son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, o los yacimientos de cualquier especie situados en todos o parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinan de importancia para la seguridad nacional”. Pero, al mismo tiempo creó el resquicio aprovechado por Piñera al permitir su explotación “por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije para cada caso por decreto supremo”
El diario La Tercera editorialmente consideró esta entrega de recursos aún insuficiente, teniendo en cuenta que en 1979, durante los años de dictadura, se desagregó los recursos mineros del país en dos: los concesionables, entre los cuales incluyó al cobre, haciendo así posible la privatización de la gran minería del metal rojo, nacionalizada en el Gobierno de Salvador Allende, y los “no concesionables”, entre los cuales incluyó el litio al considerarlo un recurso “estratégico”. Felicitándose de la entrega del recurso acordada por el gobierno, el diario del grupo económico Saieh expresó que “lo ideal sería someter al litio al régimen general de la minería, declarándolo concesible (…) Invocar -añade el editorial- un supuesto carácter estratégico para que su explotación quede reservada al Estado carece de sentido, como en su momento se sostuvo respecto del cobre y cuya posterior apertura a la actividad privada dio origen a un acelerado crecimiento del sector, que ha generado (a su juicio. N. del A.) enormes beneficios para el país y su desarrollo económico” (15/06/12). El Mercurio igualmente coincide en que la experiencia mostraría “que la probabilidad de que el litio se desarrolle en el país baja considerablemente si solo puede ser explotado por el Estado” (18/06/12).
Al recurrir a este procedimiento desde luego no se cumplió con la formulación realizada por Laurence Golborne, cuando era ministro de Minería, de efectuar un debate sobre el rol estratégico del litio así como sobre el desarrollo futuro de esta actividad. Igualmente se dejó de lado su consideración por el parlamento. Se privatiza una riqueza nacional de grandes perspectivas futuras recurriendo a un mecanismo administrativo. Al ministro de Minería se le mantuvo, por lo menos formalmente, al margen de este proceso porque su hermano, Patricio de Solminihac Templer, es subgerente de Soquimich, la mayor productora y exportadora del litio a nivel global, para cubrirse las espaldas de denuncias sobre conflictos de interés, de los cuales es pródiga la actual administración. Se trata obviamente de un artificio para intentar negar la existencia de dichos conflictos.
El país requiere una política nacional para el litio, en el cual el Estado desempeñe un papel activo, teniendo presente los elevados recursos de los cuales dispone en el país y sus potencialidades futuras. Chile representa un 41% de la producción a nivel mundial y posee la cuarta parte de las reservas conocidas. La explotación en el país del litio presenta ventajas absolutas con relación a los recursos existentes en otros lugares. El mecanismo a través del cual se pretende aumentar la producción descansa en otorgar facilidades para el acceso amplio de intereses privados –prioritariamente extranjeros-, sin que exista ninguna referencia siquiera al papel a desempeñar por el Estado. El CEOL debe impedirse que siga adelante, constituye una imposición unilateral del Ejecutivo en un tema de gran relevancia para el país. No expresa una política en materia de explotación de recursos naturales ni de defensa de las riquezas con que se cuenta. Es la actitud también observada por el gobierno Piñera en dejar que el conflicto producido en Anglo American Sur (AAS) se lleve por los carriles judiciales y en negociaciones reservadas y directas entre Codelco y la transnacional anglosudafricana, sin que el Estado desempeñe el papel que le corresponde, al no cumplir el consorcio extranjero un convenio que le permite acceder a esta riqueza que le está generando gigantescas utilidades. En el primer trimestre sus ganancias aumentaron en 77,8% con relación a enero-marzo de 2011. El Gobierno ni siquiera ha adoptado medidas para que no salgan del país estas crecientes utilidades.
El interés nacional exige una política absolutamente opuesta a la preconizada por La Tercera y El Mercurio, dirección en la cual avanza el proyecto de los CEOL del litio. La experiencia de lo acontecido con el cobre avala esta conclusión, ya que la privatización de un elevado porcentaje de su gran minería condujo a un gigantesco saqueo del país, que queda claramente en evidencia con las rentabilidades obtenidas por grandes consorcios económicos en su explotación y las retribuciones al exterior generadas. La renta procedente de inversión directa en Chile, según las cifras de la Balanza de Pagos, entre 2004 -cuando se inicia el superciclo en la cotización cobre- y el año pasado sumó US$131.700 millones. Ello muestra elocuentemente quien ha sido el gran receptor de los beneficios.
Lo considerado como “ideal” por La Tercera es con seguridad también la opinión del Gobierno. Pero dar este paso le significaría abrir una discusión que busca evitar sobre una política para la explotación de los recursos naturales. Por lo demás, modificar el estatus del litio requeriría una ley de quórum calificado, de los 4/7 de los integrantes del Congreso. De allí la urgencia de recurrir a un decreto supremo, que le resulta más conveniente mientras más desapercibido pase.
Las dos empresas que explotan litio en el Salar de Atacama, que presenta claramente ventajas absolutas, lo efectúan aprovechando que las pertenencias les fueron entregadas con anterioridad a cuando el Código Minero estableció limitaciones para hacerlo. Ambas sociedades se pronunciaron favorablemente frente a las posibilidades adicionales que les proporciona el Gobierno. Ellas son Soquimich (SQM), controlada por Julio Ponce Lerou, exyerno de Augusto Pinochet, a través de un intrincado esquema de propiedad en cascada de un conjunto de empresas de “papel”, que accedió a su control desde los años de dictadura, y Rodwood Ltitium, con sede en Nueva Yersey (EEUU), ex Sociedad Chilena del Litio (SCL). “El litio es parte de nuestro negocio –manifestó Patricio Contesse, gerente general de Soquimich, refiriéndose al nuevo escenario creado por el anuncio del CEOL- y obviamente en su momento vamos a evaluarlo detenidamente” (15/06/12). A su vez, Eduardo Morales, presidente de Rodwood, afirmó que “se está haciendo lo correcto, porque (…) en Chile hay cerca de sesenta lagos salares” (17/05/12), que deben ofrecerse para ser explotados.
La significación del litio para la economía chilena es absolutamente diferente si se ve en una perspectiva de corto plazo que si se hace a futuro. A nivel mundial su comercialización no sobrepasa los US$800 millones. En 2011, el país exportó de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, US$204 millones fob de carbonato de litio. En el primer cuatrimestre del presente año su monto fue de US$77 millones. Pero, existe la certeza de que posee más adelante un enorme potencial de expansión.
Sin duda, el análisis país debe hacerse teniendo en cuenta su proyección futura. Si se examina así debe considerarse establecer una empresa estatal como Codelco a nivel del litio que en definitiva lo explote; desde luego que a su vez la empresa estatal debe aprovechar sus pertenencias; proponerse no solo una mayor producción del mineral no metálico sino como se le incorpora valor agregado y Chile participe en los desafíos tecnológicos que exige su uso más masivo. Esa política nacional debe determinar las formas y condiciones de participación del sector privado, acceso que el CEOL –siempre bajo dirección estatal- abre sin limitaciones. Debe propenderse, además, a que se establezca una política conjunta con Argentina y Bolivia, países que conforman con Chile lo que gráficamente se ha denominado como la “Arabia Saudita” del litio, ya que estos tres países reúnen la mayor parte de las reservas mundiales conocidas. Del Salar de Atacama se explota actualmente apenas un 10% de su capacidad, sabiéndose que posee una ley de litio muy superior al de otras exploraciones efectuadas, y que hoy aprovechan solamente SQM y Rodwood.
Codelco cuenta con pertenencias de litio en Maricunga y Pedernales. Su presidente ejecutivo, Thomas Keller, señaló que estamos estudiando eso y en la medida que sea atractivo y si el dueño (o sea el Estado N.del A.) tiene interés en que Codelco participe en este negocio ciertamente estamos disponible para ello” (21/06/12). Es un planteamiento absolutamente insuficiente frente a la importancia del tema, llamando la atención, además, la constatación que el Ejecutivo no hubiese expresado todavía su “interés”, mientras abre el camino a privados para explotar el litio.
Anteriormente Codelco había descartado estudiar inversiones dando como explicación la magnitud de las que está realizando en sus actuales proyectos de expansión, que suman para el lapso 2012-2020, de acuerdo a la última edición del Observatorio de Inversión de Sofofa, la suma de US$26.416 millones. De examinarse así lo que se realice hoy en proyectos de litio sería marginal, se tiende así a minimizar su importancia y el desafío que significa. Es una actitud cortoplacista, reitera por su presidente, Gerardo Jofré, quien si bien informó que “estamos realizando estudios desde principios del año pasado (…), pero nuestro foco –recalcó- está puesto en los proyectos de cobre que son mucho más importantes” (21/06/12).
A su turno, la norteamericana Rodwood se encuentra en un proceso de expansión. Aprobó un plan de inversiones por US$150 millones, con el objetivo de producir en el país hacia fines del próximo año 54.000 toneladas de carbonato de litio y analizan nuevas explotaciones en un área que se extiende entre las regiones de Tarapacá y Atacama. Tiene presente que hacia 2015 la demanda de carbonato de litio a nivel global se duplicará. Además, como expresó su presidente, “estamos siguiendo de cerca lo que está pasando en Argentina y Bolivia”. Tiene ingresado a evaluación ambiental el proyecto Ampliación Planta de Carbonato de Litio-La Negra, en la comuna de Antofagasta. SQM tiene proyectadas inversiones para el lapso 2012-2010 por US$2.194 millones, en las cuales sin duda considerará aumentar su presencia en la explotación de litio, propósito que persigue hace tiempo.
Hay una tercera empresa en condiciones de producir en el país, al margen de los CEOL, es la taiwanesa Simbalik Group Inversiones que tomó el control de pertenencias inscritas en el conservador de Minas de Copiapó con anterioridad al decreto ley de 1979 que declaró el litio como una reserva estatal. Existen otros consorcios extranjeros que están utilizando artimañas para extraerlo, solicitando la pertenencia para explotar otros recursos y comunicar posteriormente a la Comisión Chilena de Energía Nuclear la existencia de litio.
El país se enfrenta así a un debate sobre el aprovechamiento y la explotación del país de un recuso natural, que posee en abundancia, y que tiene importantes perspectivas a futuro. Es inaceptable que no se aproveche y se entregue su explotación a intereses privados, con seguridad mayoritariamente extranjeros, recurriendo a un simple decreto supremo. En esta orientación, de promover el ingreso de intereses externos, Pablo Wagner viajó a EE.UU. y Canadá para buscar inversionistas interesados en explotar las reservas de litio del país.
Hugo Fazio
