El Ministro de Energía Rodrigo Álvarez, en representación del gobierno, llegó a Aysén para reunirse y dialogar con los representantes del movimiento ciudadano que espontáneamente ha estado pidiendo mejoras integrales para la zona.
Pero se retiró sin siquiera escuchar sus demandas, ni comunicar las respuestas del Presidente Piñera, pues exigió antes el inmediato fin de los bloqueos, únicos medios que poseen estos aiseninos para llamar la atención de las autoridades y la opinión pública.
Como el Movimiento por Aysén no acepto esa condición, ante el estupor de los asistentes, el Ministro dio por concluido el diálogo y se retiro en su helicóptero, sin escuchar las demandas y sin comunicar las respuestas del presidente, insultando a la región, dejando un vacío de autoridad democrática y cayendo en notable abandono de funciones. Doble estándar, además, pues el gobierno llegó a Aysén con un explícito apoyo a Hidroaysén y Energía Austral, y el movimiento no condicionó al Ministro a desdecirse de ello antes de dialogar.
Sólo 24 horas antes, el Presidente Piñera daba a conocer su estrategia energética en la que expresa un espaldarazo directo a las centrales hidroeléctricas en la Patagonia (Energía Austral e Hidroaysén) y anuncia facilitar las concesiones eléctricas y crear franjas fiscales para una supercarretera de transmisión. Ambos son puntos críticos para el Movimiento ciudadano por Aysén, que en el punto 4 de sus 11 demandas pide plebiscitos vinculantes previos al desarrollo de megaproyectos como estos en esa región, para hacer valer las prioridades definidas por los habitantes de la zona, y no lo que se impone desde el gobierno central.
La estrategia energética para los aiseninos fue una señal del continuismo del centralismo autoritario que pasa por encima de las prioridades de la región y de las demandas ciudadanas.
De continuar los gobiernos centrales siendo funcionarios del interés de grandes grupos empresariales, como Endesa, Colbún y Xstrata en este caso, en contra de los interesas de las regiones, se agravarán los conflictos sociales y se deslegitimará aún más el cuestionado sector político, lo cual no ayuda a la gobernabilidad democrática, ni al mantenimiento del bien común y el estado de derecho.
Los chilenos, conscientes de nuestros derechos en un estado democrático, urgimos al gobierno a dar una señal de apertura al diálogo, la convivencia democrática y la paz social. Ello requiere abandonar las medidas de represión, abrirse para comprender y responder con la altura que inviste la ética democrática a los gobernantes, y no seguir echando más leña al fuego.
Sara Larraín, Directora del Programa Chile Sustentable
