El lunes 16 de julio, durante el feriado largo, el Seremi de Vivienda, Rodrigo Saavedra, ha comunicado públicamente que el número de familias catastradas por el gobierno en población Aurora de Chile es de 540. De este número, anuncia la erradicación de 250 familias. El MOP, por su parte, declara que los terrenos de la población son fiscales y que no pretende compensar la pérdida de sus viviendas a los vecinos del sector. Todo esto a consecuencia de la decisión del gobierno, a través de los ministerios, de realizar las obras del viaducto Chacabuco, adjudicadas al consorcio COPASA. El gobierno ha definido un plazo para terminar con la ejecución de todos los proyectos que comprende la construcción del puente y sus accesos, que implican la realización de obras viales a través de esta población, y que son el argumento oficial para erradicar a los habitantes que construyeron la población hace casi un siglo. Este plazo de ejecución de los proyectos viales actualmente se acorta a 500 días, lo que significa que pende sobre las familias de Aurora de Chile la amenaza de erradicación forzada, a contratiempo de toda posible y real participación de la comunidad afectada.
Ante los anuncios de una pronta erradicación de 250 familias de población Aurora de Chile, Red Construyamos declara que:
1. Consideramos a la vecindad histórica como los legítimos dueños de los terrenos de la costanera norte del río Bio Bio, conocidos como población Aurora de Chile. La población Aurora de Chile se conformó hace aproximadamente 80 años atrás, a partir de la ocupación de terrenos por gente trabajadora, muchas emigradas desde el campo, en una época en que la sociedad no gozaba con adecuadas políticas sociales. Los pobladores se asentaron en terrenos que en su tiempo no interesaron al Estado ni a particular alguno, pues eran bordes de río inhabitables e inundables; lo que les implicó hacer las obras de relleno y compactación del suelo durante generaciones para poder construir sus casas. Durante décadas y con su participación, avanzaron en la urbanización del sector, lo que les permitió tener calles y numeraciones, así como servicios regulares de agua, alcantarillado y luz. Ello ha facilitado, además, la instalación de industrias y comercio.
2. No nos parecen serias las declaraciones del gobierno en cuanto a que existiría ayuda estatal para las 250 familias. Hacemos notar que tales ayudas no están determinadas y que se realizan a contratiempo de la expulsión de las familias, lo que implica que se tomará medidas sin garantizar su protección, sin vivienda segura o con soluciones injustas, que le alejarán a la periferia urbana, generando más precariedad social, bajo el argumento gubernamental de que no son propietarios del suelo sobre el que construyeron sus hogares hace casi un siglo. De esta manera, la acción del gobierno retrotrae las condiciones de las familias de Aurora de Chile a los momentos mismos del poblamiento del sector.
3. Las medidas del gobierno en esta materia han estado lejos de responder a las necesidades generales de la comunidad, según las que declara ser movido. Es evidente el interés de sectores inmobiliarios privados que, en contubernio con las autoridades políticas, pretenden obtener provecho lucrativo de estas acciones, a expensas del despojo de la población. La erradicación de 250 familias es para nosotros la señal de que existen intenciones de despoblar el sector de las familias que lo construyeron. El antecedente que lo demuestra es la construcción del “mall” ubicado en el sector, cerca del puente Llacolén, donde el Estado erradicó a 100 familias bajo el argumento de proyectar obras de interés público, como el manoseado Teatro Pencopolitano. Sin embargo, lo que se construye finalmente es un centro comercial. A ello ahora le sigue la expulsión potencial de 500 familias. Por otra parte y vistas estas condiciones, le solicitamos al gobierno que dé cuenta pública de los planes que tiene para los habitantes del barrio y de cuáles serán las condiciones en que quedarán las restantes 300 familias, una vez que se vean reducidos, despojados de su comunidad y sobre un suelo que se les niega.
4. Por todo lo anterior, más el hecho de que la población ha sufrido una serie de engaños desde la administración Van Rysserlberghe, nuestra opinión es que esta medida debe ser suspendida por causas éticas y sociales, para realizar un nuevo y responsable tratamiento de los cambios urbanos en el sector, junto a sus legítimos habitantes y sus organizaciones naturales, de manera de conseguir un desarrollo armónico de la ciudad, en beneficio de sus habitantes y de un crecimiento urbano sustentable para todos.
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