La acusación a la intendenta abrió un debate de tipo jurídico, que tiene valor, pero lo más importante es si la clase política opta definitivamente por recuperar confianza y autoridad moral.
Acusación Constitucional
La acusación constitucional contra la intendenta del Bío Bío, Jacqueline van Rysselberghe, abre un espacio de reflexión que tiene que ver con la importancia que tiene la actividad política, las autoridades, sus roles y responsabilidades.
La situación de los partidos es realmente procupante, las informaciones disponibles respecto del número de militantes, muestra una participación mínima, la información para elegir a las autoridades es básica o inexistente, la idea de votar por las personas muestra su costo social negativo, las ideas son importantes.
El rol de los partidos políticos es de la mayor importancia para la democracia, la estabilidad y gobernabilidad.Por ello preocupa que la mayoría de la población opine de mala manera respecto de una actividad que debiera tener prestigio indiscutido.
El sistema electoral tampoco contribuye para incentivar la participación de los ciudadanos dentro y fuera de los partidos, por desgracia existe la sensación de que negociaciones y acuerdos, no consideran el interés del país y que tienen en consideración más intereses particulares. Dura situación que Chile no ha logrado resolver en sus 200 años republicanos, hay una critica social respeto de la moral de la política, es un juicio fuerte.
La acusación señala que la intendenta Rysselberghe vulneró "el principio de probidad administrativa, mediante la entrega de informaciones deliberadamente erróneas a los pobladores, a la opinión pública y a las autoridades superiores del Estado".
Según el texto, la intendenta mintió "deliberadamente" a los vecinos de la población Aurora de Chile, inventó una "historia falsa", y decidió "promover privilegios y beneficios habitacionales indebidos a favor de un grupo determinado de personas".
Respecto de la acusación existen audios,videos,que no han sido cuestionados, es decir no se trata de un montaje y las declaraciones tanto de la intendenta como de las autoridades de gobierno, recociendo que la actuación y los dichos no fueron afortunados, no resuelven el problema mayor, la confianza pública.
Diputados del oficialísimo han expresado su inquietud respecto del tema y el estado de gobernabilidad regional.
La posibilidad de que prospere la acusación y sea sancionada la autoridad regional existe y para quienes piensan que desde el punto jurídico las faltas no serían tan graves, dicho con prudencia, parece un argumento opinable.
Sucede que la clase política chilena a resuelto sus problemas por la vía del abuenamiento y no de la justicia, así sucede con derechos humanos, con las privatizaciones o con actuaciones de opaca transparencia que han obligado a acuerdos de toda la clase política para resolver el problema.
Necesitamos una actividad política que nos convoque, que logre el respeto y la consideración de las generaciones jóvenes, una solución democrática bien podría ser la que han sugerido algunos parlamentarios, que la intendenta renuncie y que las elecciones próximas sean para ella un juicio democrático que permita a la ciudadanía expresar su aceptación o rechazo.
